ANTV ¿Y quién tuvo la culpa?

La falta de claridad jurídica en cuanto a la autonomía presupuestal y la carga pensional de Inravisión que se le adjudicó a la Autoridad Nacional de Televisión llevó el año pasado a que ese organismo radicara una demanda ante la Corte Constitucional del parágrafo 1 del artículo 2 y el artículo 19 de la Ley 1507 de 2012.

¿Lo ignoraba el ministro?

El hecho de que la ANTV es un ente autónomo, fue conceptuado por los miembros de la Junta, incluído el Ministro de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, según el acta No.10, y como declaró en la FM la comisionada Alexandra Falla, motivo por el cual en ese tiempo determinaron no realizar el envío del presupuesto al Ministerio de Hacienda.

Molano, votó negativamente ante la Junta las propuestas de autonomía presupuestal y la solicitud de retirar la responsabilidad sobre la carga pensional de Inravisión para que esta pase al presupuesto de la Nación. La Junta determinó entonces por mayoría demandar ante la Corte la falta de autonomía.

Las contradicciones de la ley

La Ley 1507 creó a la ANTV como agencia especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica. No obstante la demanda tomó por sorpresa a los medios de comunicación y a la audiencia y fue vista como un acto de traición por parte de los miembros de la Junta, situación que empeoró cuando se conoció la incorporación de la exclusión de la junta directiva de la ANTV del ministro.

La Junta entonces dijo que no era responsable de la demanda donde se pidió el retiro de las TIC´s, explicó que el abogado Germán Rodríguez Villamizar encargado de la acción judicial, se extralimitó en las funciones que se le habían pedido.

Con el escándalo y la Junta puesta contra la pared sobre si sabía o no de la intención de excluir al ministro, se opacó el problema de fondo: la autonomía presupuestal.

Por qué la ANTV necesita la autonomía?

La necesitad de adquirir el control de los millonarios recursos provenientes de los operadores de televisión por suscripción, de TV comunitaria y los canales privados, deriva en que estos recursos están destinados a la televisión pública.

La otra razón que tuvo en su momento la Junta de la ANTV para entablar la demanda es que los recursos de la televisión se usarían para pagar el pasivo pensional de Inravisión, que oscila entre los 40 mil millones de pesos, con lo cual se desangraría buena parte de los recursos a la TV pública.

El Consejo de Estado se pronuncia

Ya radicada la demanda en la Corte, el Consejo de Estado emitió un concepto en enero donde determinó que la ANTV no podría presentar en forma autónoma su proyecto de presupuesto al Congreso de la República, si no que este debería ser fijado por la nación. La Corporación resolvió de esta manera el conflicto de competencia entre la ANTV y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En adelante, la dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda será la encargada de incluir a la entidad dentro del presupuesto y fijarlo. Las razones explicadas por la entidad es que la ANTV dejó de ser un órgano constitucional.

Lo que sigue

El escándalo ha cobrado la cabeza de Carlos Tellez, director de Asuntos Concesionales, Jorge Mancera, interventor , la ex directora Tatiana Rubio, Sandra Urrutia exdirectora (e) y en los últimos días de Alfredo Sabbagh, uno de los miembros estrella y más comprometidos de la entidad.

Hoy la Junta está conformada por sólo tres de los cinco miembros que debe tener, pues luego de la renuncia el año pasado de Jaime Andrés Estrada como representante del gobierno, no ha sido nombrado su remplazo.

Actualmente están: Ramón Angarita, el actual director, Alexandra Falla , representante de las gobernaciones y Beatriz Quiñonez, por la sociedad civil .

La demanda seguirá su curso, porque ya está radicada ante la Corte, no obstante se presume que ante el asedio de los medios de comunicación, la intención de la Junta será contrarrestar al ciento por ciento el contenido de la misma.

De ser así la ANTV estaría en desventaja frente a la CRC donde el presupuesto forma parte del Presupuesto General de la Nación, que se programa para cada año calendario por el Congreso de la República.

¿De quién es la culpa entonces?

Al parecer, del mismo ministro Diego Molano. Según Eduardo Noriega, excomisionado de televisión fue el quien concibió esta especie de ornitorrinco institucional que no es un organismo adscrito al Ministerio mientras señala también al ministro Germán Vargas Lleras, y al senador Juan Fernando Cristo a quienes, según el se les advirtió en ese momento de las falencias que había en la adopción del nuevo estatuto: “pero pudo más la decisión política de eliminar la CNTV”, dijo a El Espectador en una entrevista .

En manos de la Corte, en todo caso se encuentra ahora el destino de la demanda.

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