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¿Por qué se encoge el catálogo de Netflix?

Según una publicación de AllFlicks, Netflix redujo el contenido de su catálogo en Estados Unidos en más del 30%, casi 2.500 títulos menos en dos años.

Lo anterior, según el portal, como resultado del aumento en la competencia en el mercado streaming con servicios como Hulu y Amazon Prime. El servicio también está expuesto al ascenso de plataformas online de los proveedores de contenido como HBO Go o Fox Play, Televisa y de los operadores de telecomunicaciones como Claro, Telefónica, entre muchos otros. La puja por los derechos de transmisión, presiona a la subida de los precios.

Netflix está enfrentando el fenómeno con producciones propias de éxito como House of Cards, Daredevil o Jessica Jones, películas como Beast of No Nation y documentales como What Happened, entre otras.

En enero de 2014, la oferta americana incluía cerca de 6,494 películas y 1,609 shows televisivos, con un total de 8,103 títulos. En marzo de 2016 las cifras se redujeron a 4,335 películas y 1,197 shows televisivos, equivalentes a un total de 5,532 títulos.

Vence plazo para que operadores de TV acrediten autorizaciones de retransmisión de señales ante la ANTV

Antes del 31 de diciembre de 2015 los operadores de televisión por suscripción, deben acreditar ante la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, el soporte de los contratos, convenios y autorizaciones que les permiten la retransmisión de señales codificadas que emiten en sus parrillas de programación, así como de las obras audiovisuales y programas que distribuyen en su canal de producción propia.

La entidad recordó que el requerimiento fue hecho desde el 29 de octubre cuando emitió la circular 017 y que este ejercicio tiene como propósito la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos.

La información debe llegar antes del 31 de diciembre con un encabezado que haga referencia a la circular 017.

Circular 017

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MinTIC, ANTV, CRC, programadoras y Asotic analizarán las condiciones de negociación impuestas por los canales internacionales a los operadores de TV cerrada

Las dificultades generadas por las condiciones de negociación impuestas por los canales internacionales a los operadores de TV cerrada, serán abordadas en una mesa discusión en el que participarán el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC; La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV; la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC; programadoras internacionales y los operadores de TV agrupados en Asotic. Fenómenos como el empaquetamiento de canales obligatorio, los contratos en lengua extranjera, cobro en dólares y tarifas consideradas por la TV paga como “predatorias y discriminatorias” serán tema de la agenda, aún no hay fecha definida.

Según Asotic, el ministro de las TIC, David Luna, informó que la ANTV, ya habría realizado un primer acercamiento con los programadores internacionales y que resultado de esa gestión se planteó la realización de la mesa de discusión. Con respecto a la problemática generada al sector por las pretensiones de cobro de EGEDA, el ministro TIC dijo que estudiará a fondo la situación “para dar claridad al respecto”.

Por su parte, la Directora de la ANTV, Ángela María Mora, informó sobre el estudio sectorial que la entidad contratará en el mes de enero de 2016, por un valor de ($1.200.000.000) en los cuales replanteará y tratará de dar solución a las siguientes problemáticas: Sistema de Compensación, Closed Caption e interpretación en lengua de señas en los canales, publicidad, Must Carry, cuota de programación propia, entre otros. Al respecto, el Ministro señaló que el estudio debería comprender la posible regulación a las OTT e IPTV, e hizo especial énfasis en la importancia de la participación y acompañamiento de la Asociación Asotic, en continuar liderando el desarrollo de las políticas públicas en materia de regulación de la Televisión y las Telecomunicaciones.

Las declaraciones se dieron en el marco de la Asamblea Extraordinaria Asotic, el pasado 27 de octubre. El sector también cuestionó el accionar del Consorcio de Canales Nacionales Privados – CCNP, (que no está entregando los equipos decodificadores para la recepción de los canales nacionales privados RCN y CARACOL), a lo que el ministro de las TIC solicitó a la ANTV aclarar la situación que lleva casi dos años sin resolverse.

Luna indicó que que se está estudiando la manera idónea de unificar reportes en un solo canal de recepción de información en materia de televisión y telecomunicaciones y dijo que solicitará a la CRC, explicación y revisión en virtud de la falta de unificación en materia de tarifas de alquiler de infraestructura eléctrica (postería) Resolución CRC 4245 de 2013.

¿Egeda pondrá en jaque a operadores de TV y a todo el comercio en Colombia?

- Según la entidad, hospitales, hoteles, bares, restaurantes y en general todo el comercio debe pagarle derechos por la emisión de contenidos a través de las pantallas de televisión de acceso al público.

- Al igual que los OTT, los canales internacionales no generan ingresos a la Nación, no pagan impuesto de renta.

- Las autoridades habrían dejado en indefensión a los concesionarios de televisión restringida frente a las negociaciones con Egeda y los canales internacionales.

- ¿Quién controla el establecimiento de tarifas por parte de Egeda, hacia dónde van estos recursos?

Jaque a la TV

A los desafíos derivados de la convergencia tecnológica y los cambios que sufre el modelo de negocio, la TV de pago tradicional en Colombia enfrentará un reto adicional de alto impacto: Se trata del cobro de derechos de autor por parte de múltiples entidades, que de forma separada reclaman el pago por la retransmisión de obras, el más reciente caso: Egeda, que en los medios advirtió sobre demandas a los principales operadores del sector ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, acciones que podría hacer extensivas a todo el mercado.

De esta manera, los operadores no solo estarán expuestos a encarecer su negocio con el pago por la retransmisión de las señales HD de Caracol y RCN (ya impactado por el costo de los canales internacionales ante la subida del dólar), sino, que en el caso de Egeda, les está siendo reclamada una licencia de retransmisión por aquellos contenidos extra que no son producidos por los canales y exige el pago de esta, de lo contrario, podrían llegar a demandar a todos.

El problema se extenderá a todo el comercio debido a que Egeda también pretende el cobro en restaurantes, bares y otros establecimientos que tengan televisores para difundir los contenidos. En junio se conoció el caso de hospitales y clínicas, a los que estaría cobrando tarifas de $ 3690 por cama y por silla, $ 1552, y de forma retroactiva, desde el año 2008, según publicó CM&.

El caso en la TV cerrada

Egeda sostiene que, cuando las señales ceden sus derechos a los operadores de cable y satélite, lo hacen sobre sus contenidos propios, pero no sobre las películas o las telenovelas que se incluyen en sus grillas, y por eso, advierte que los operadores deben pagar (es lo que está pasando en Uruguay).

Esto quiere decir que si los canales abiertos nacionales (o cualquier canal) deciden llenar su parilla de programación con contenido extranjero o que producen en asocio con otras productoras internacionales, ese contenido debe pagarse adicionalmente.

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Egeda indica que en la práctica no es posible obtener por parte del operador de cable, por ejemplo, la licencia individual del repertorio audiovisual de los titulares de las “decenas de miles de programas que se retransmiten diariamente en la parrilla”, porque debería solicitarlas con anterioridad a los productores de todas las obras y pagar a cada uno, y es por eso que la licencia con dicha entidad facilita este proceso.

Este problema se evidenció en el año 2009 , desde ese entonces Egeda, en representación de los productores internacionales como Metro Goldwyn Meyer, Universal Studios y Paramount Pictures se fue lanza en ristre contra los principales operadores del país.

¿Por qué este problema afecta más a la TV de pago tradicional?

La TV por suscripción tiene altas cargas regulatorias y según explicó UNE-EPM, bajas tarifas que junto al fraude y la informalidad impactan el negocio “En comparación con los países de Latinoamericanos, Colombia presenta el ARPU de televisión por suscripción por cable más bajo de la región frente a Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela. El ARPU en nuestro país es de US$16,6 en comparación con un ARPU promedio en los otros países de US$32,3.”, sustentó citando el documento Diagnóstico del sector de televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente de 2012.

Estos aspectos no habrían sido considerados por Egeda, entidad a la que acusan de tener “elevadas pretensiones económicas, las cuales a juicio de la Compañía no consultan la realidad de la industria y las particularidades del mercado colombiano”.

La vulnerabilidad de los sistemas tradicionales de pago también está en su incapacidad tecnológica, porque de una parte (al igual que los usuarios, los operadores han quedado amarrados a una programación recurrente no sujeta a reglamentación en cuanto a publicidad y repeticiones de programación, que los hace menos competitivos ante las ofertas emergentes, un tema que tiene que ver con los derechos del consumidor).

Netflix, por ejemplo se asocia con proveedores de contenido para obtener las licencias de derechos de transmisión de películas y series, pero sus usuarios tienen el poder para elegir lo que verdaderamente quieren ver, a la hora que lo deseen (y sin comerciales). En el caso de la programación de los canales abiertos nacionales, paga por las series y telenovelas que verdaderamente producen.

Los usuarios quieren contenidos recientes

No obstante, Netflix paga costosas licencias a los estudios de cine y televisión (que también están sujetas a incomprensibles restricciones regionales y varían de nación a nación).

Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, ha explicado que los suscriptores desean películas más recientes.

“Al igual que hemos cambiado el juego para los televidentes por la liberación de temporadas enteras de todo el mundo al mismo tiempo, hemos comenzado a hacer películas que se estrenan en Netflix a nivel mundial y, en algunos casos, de forma simultánea en los cines”.

Sarandos sabe que gracias a Internet, los usuarios quieren acceso a todos los contenidos. La piratería, ha dicho, “viene sobre todo de la frustración. Lo que la gente quiere ver no está disponible, ni siquiera por un precio”.

Netflix no está interesado en sólo ofrecer y producir contenidos de Hollywood, su catálogo ya incluye películas y series hechas en otros países que podrán ser consumidas globalmente, por ejemplo la producción colombo brasileña “Narcos” y la francesa “Marseille”. En todo este proceso es pieza clave del negocio, la posibilidad de recaudar información sobre los hábitos de consumo de los usuarios.

Los operadores tradicionales, mientras tanto, han quedado presos en las grillas de los canales con programación y producciones importadas que los usuarios muchas veces no quieren ver, en el caso de los nacionales y la repetición interminable de películas y series (fenómeno del que no escapan canales de la talla de National Geographic, Discovery Channel o canales como TNT), a lo que se suma la irrupción de publicidad en señales que siempre han sido de pago.

Claro, es cierto que algunos operadores ya pueden ofrecer a sus suscriptores canales premium mediante acuerdos ampliados para múltiples plataformas (aplicaciones go como HBO, SPACE, Fox+, TNT, CineMax o NatGeo, incluso hay acuerdos con Caracol Play), la pregunta es: ¿A qué costo para el operador y el usuario, y cuántos están en capacidad de negociar estos acuerdos?

Canales internacionales no pagan renta en el país

En la adquisición de contenido y costo, los operadores deben someterse a la imposición, por parte de los canales internacionales de comprar en paquetes sus contenidos imposibilitando la adquisición de solo aquellos canales que interesan a la audiencia.

Este es un problema regional: “ La autoridad ha dejado en indefensión a los concesionarios de televisión restringida porque nosotros no tenemos el control sobre los contenidos, pues los contratos son firmados en Estados Unidos en su mayoría”, se quejaba en El Universal, Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, ATIM.

Según ese medio, el 90% de los contenidos que compran empresas de TV por suscripción son adquiridos a programadores que se ubican, principalmente, en Estados Unidos, que cobran en dólares y no pagan impuestos.

En Colombia la entidad encargada, ANTV, persigue el subreporte y el pago a los dueños de contenido, cancela la licencia si no existen los permisos. Hasta allí todo bien, pero nadie reclama los ingresos a la Nación (DIAN), el abuso de la posición de dominio de las productoras y los derechos de los usuarios (SIC, CRC, ANTV).

La Asociación de Operadores de TI y Comunicaciones de Colombia, Asotic, explicó que actualmente hay cuatro entidades de gestión colectiva en el país que están reclamando pagos (y se esperan más), cada una representa un derecho conexo: Egeda va por los derechos de los videos; Sayco por los autores, Asinpro por los intérpretes y existe una cuarta que representa a los actores. Así las cosas los operadores tendrían que hacer cuatro pagos, según explicó Asotic.

Egeda dice que representa los derechos de un gran número de productores audiovisuales nacionales y extranjeros y que gracias a su licencia se cubre un “altísimo porcentaje del repertorio mundial”.

La entidad está cobrando mensualmente por cada abonado conectado 30 centavos de dólar “sin consideración al número o clase de canales retransmitidos”.

También van por la TV comunitaria

Para estas entidades, el organismo ha impuesto una tarifa de 15 centavos de dólar, también por mes y por cada asociado y advierte que en caso de incumplimiento la tarifa tendrá un recargo único del 50% más intereses de mora.

También expande el cobro cuando se trata de instalaciones que permitan, mediante el uso de un único descodificador, el acceso colectivo a la señal, “de modo que una pluralidad de usuarios, situados en las diferentes viviendas, apartamentos, locales o espacios diferenciados de un mismo inmueble, tenga acceso a su señal, la tarifa se multiplicará por el número de viviendas que conste el inmueble.

Pero el reglamento con las tarifas aplicables excluye del título la retransmisión por parte de los operadores en dispositivos fijos o móviles que permitan la movilidad del usuario.

Van por todo el comercio: clínicas, bares y oficinas ¿pierden los usuarios, pierde el Estado?

Pero hay más, suponiendo que Egeda consiga el pago de todos los operadores (fuentes indican que ya cuatro se vieron forzados a adquirir la licencia), luego irán por cada televisor en un espacio público, lo cual se constituiría en un recobro injustificado. En Colombia la mayoría de las señales de TV llegan a través del pago por suscripción (a diferencia de la radio a las que se accede masivamente y de manera libre). Pese a que la cobertura de la TDT está en el 70,3 %, aún no se conocen cifras de penetración en el mercado.

En abril de este año en Uruguay esta entidad comenzó a exigir el pago a restaurantes, bares y otros establecimientos que tengan televisores para difundir los contenidos (aunque claramente no se trate de retransmisión de las señales) y en España en los colegios ya no pueden proyectarse películas o material audiovisual sin pagar por alumno, porque se “vulnera la nueva Ley de Propiedad Intelectual, LPI” y entonces la “licencia educativa Egeda es la solución más completa”.

Al respecto en Colombia la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en mayo del año pasado paralizó las intenciones de los canales nacionales, RCN y Caracol que amenazaron al comercio con acciones civiles y penales por la recepción de los partidos en espacios públicos.

Los partidos de fútbol no pueden considerarse “obras” y aunque los organismos de radiodifusión tienen la potestad de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones, no están facultados para impedir que la recepción lícita de una señal sea exhibida en lugares públicos y tampoco, para realizar cobro alguno por dicha exhibición, conceptuó DNDA.

Pero al parecer Egeda encendará la polémica nuevamente en Colombia, su portal web indica que con respecto a los lugares públicos como hospitales, bares y restaurantes ” La obligación para la constitución del Mecanismo de Ventanilla Única solo aplica para Sociedades de Gestión Colectiva que gestionen derechos sobre obras y prestaciones musicales. Respecto de las demás Sociedades de Gestión Colectiva, de las otras formas asociativas y de los titulares individuales, su vinculación al mecanismo de Ventanilla Única es meramente facultativo” y que por lo tanto , Egeda Colombia, se encuentra legalmente habilitada para hacer el cobro en forma directa.

La idea es controlar a todas las empresas que utilicen pantallas al público “mercantiles o no”. En Colombia, Egeda pretende el cobro de derechos por la comunicación pública de obras audiovisuales en sitios como hoteles, clínicas, sanatorios, etc.,. (por la retransmisión).

En el resto del comercio Egeda pretende el cobro por la emisión de contenidos en todos los establecimientos abiertos al público. Indica que se requiere autorización previa del productor y que deben pagar por las obras audiovisuales “establecimientos de cualquier tipo”.

¿Por qué pasa esto?

Gran parte del sustento se ha centrado en que el autor, o en su caso sus derechohabientes, tienen derechos exclusivos para autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, cita Egeda un concepto de la DNDA (para esa dirección, si bien la recepción de señales incidentales es libre, persiste el derecho exclusivo del titular para autorizar o prohibir toda comunicación pública de la obra audiovisual radiodifundida).

Este aspecto no debería tener inconveniente si se tiene en cuenta que el propietario de los derechos cuando vende a un canal sabe a qué teleaudiencia va a llegar. Por ese concepto percibe un pago, entonces surge la pregunta: ¿tienen los conceptos fuerza de ley?

Derechos patrimoniales

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¿Quién controla las pretensiones de las entidades de gestión colectiva?

“La realidad es que las entidades de gestión, en su labor de ser representantes de los autores y gestoras de unos derechos de remuneración que están marcados por la ley de propiedad intelectual (en España), y que se aplican a determinados usos masivos de obras intelectuales, dejan mucho que desear en esa gestión colectiva. Es decir, no son transparentes en la gestión, en el sistema de recaudación y tampoco en el sistema de reparto entre los autores asociados. Esto ha generado que estas entidades amasen grandes cantidades de dinero anualmente (son entidades sin ánimo de lucro) con ingentes beneficios, a pesar de lo que gastan en medios materiales y humanos para llevar a cabo su función de gestión”, escribió Conchi Cagide Torres, Abogada especializada en propiedad intelectual.

En varios países se han presentado conflictos con Egeda, debido a presunto abuso de derecho (ver caso Hoteles Meliá). La manera en que las entidades de gestión establecen las tarifas, fue uno de los temas objeto de la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en España (a propósito esta ley acaba de ser demandada ante la Comisión Europea por varias asociaciones de internautas y la Asociación Española de Publicaciones Periódicas porque consideran que la norma “es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet. Una reforma que contraviene varias directivas y tratados europeos, que nos lleva a ser el primer país del mundo en el que el autor de un contenido no puede autorizar para su libre uso”, ha afirmado Víctor Domingo, Presidente de Internautas.

Debido a esa ley los agregadores de noticias online como Yahoo! News, Google News y Menéame, están obligados a pagar una “compensación equitativa” por el uso en sus enlaces de fragmentos, lo que llevó a Google a cerrar el servicio Google News en España).

La realidad es que en Colombia la entidad encargada de la vigilancia y el control de estas entidades es la DNDA, sus actuaciones han sido fuertemente cuestionadas en los casos de corrupción de Sayco y Acinpro .

Egeda, es una la entidad de gestión de derechos de autor presidida por Enrique Cerezo (también presidente del Atlético de Madrid). Según El Mundo , Cerezo es dueño del 77% del cine español y posee (individualmente) la mayor cantidad de derechos de películas en el planeta, ha estado envuelto en polémicos casos.

Algunas preguntas adicionales que quedan sin resolver:

En la controversia global sobre los derechos de autor, uno de los puntos más álgidos ha sido la duración de la protección de los derechos de autor, la Fundación Fronteras Electrónicas, EFF, que entre sus propósitos defiende a “los individuos y las nuevas tecnologías del efecto inhibitorio provocado por amenazas legales que considera infundadas o mal dirigida”.

“Los esfuerzos para alargar los plazos nacionales son una especie de carrera hacia el abismo, ya que al mismo tiempo en que las industrias de entretenimiento buscan expandir su capacidad de controlar los usos de las obras de su propiedad en todo el mundo, también hacen lobby en sus países de origen para uniformizar las legislaciones”.

La entidad ha advertido que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, busca extender el plazo de protección de los derechos de autor internacionalmente, más allá de lo exigido en normas como el Convenio de Berna (OMPI) y el ADPIC.

Suponiendo que el caso en cuestión, no es el tiempo de duración de los derechos ¿Cómo debe garantizarse el derecho de los usuarios para acceder a contenido que le sea relevante de variedad y calidad, cuando incluso ahora, tienen que pagar por programas de televentas y publicidad?

¿Por qué las productoras y dueñas de los derechos, que reciben el pago por acuerdos de distribución no son las encargadas de garantizar el ingreso al que tienen derecho tienen los actores y compositores?

Frente a los ingresos de una entidad como la ANTV por conceptos de concesión y compensación y la razón de ser de la TV abierta, la gran paradoja es la queja generalizada del gremio de los actores y de los usuarios por la calidad y cantidad del contenido de la producción local. Cada vez hay menos espacio para los dramatizados nacionales, lo que se traduce en menos oferta de empleo ¿Cuál es entonces la política pública de televisión para garantizar contenidos con componentes de identidad y cultura? Los actores dicen estar listos:

“Netflix es una oportunidad de trabajo (añadiría que también las plataformas tradicionales) y es un llamado para que la televisión pública tenga peso y que el Gobierno determine cuáles son los contenidos que necesita el país”, ha explicado Ernesto Benjumea, vicepresidente de la Asociación de Actores Colombianos.

Internet y las nuevas tecnologías han descorrido el velo para dejar al descubierto tanto el problema como la solución: En la regulación de los entrantes, las empresas proveedoras de contenido y los sistemas tradicionales, el eje deben ser los derechos de los usuarios.

De una parte, hay un abuso tributario en las plataformas tradicionales que los afecta en competitividad y restringe el derecho de acceso a la información (por ejemplo, vía IVA).

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Pero hoy, uno de los tres proyecto de ley en el Congreso, está planteando que incluso los entrantes, como Netflix se registren ante el Estado y que no presten sus servicios sin autorización:

“ (…) promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local“.

Lo anterior nada tiene que ver con la evasión de impuestos por parte de las multinacionales (vía impuesto de renta, por ejemplo). La OCDE ha propuesto cambios en las reglas de residencia fiscal de los gigantes tecnológicos (fenómeno que también se presenta, aunque nadie lo haya tocado, con los canales internacionales vía satélite ), entidades que generan miles de millones de dólares en ventas en muchos países donde no tienen residencia fiscal y sin informar sus ganancias.

Con respecto al tema de must carry, lo que plantea Egeda, y las decisiciones que está tomando la SIC, se estaría llevando al usuario a que sólo tenga acceso sin pago (aparente) a los canales abiertos a través de las señales radiodifundidas, omitiendo criterios de neutralidad tecnológica (señales accesibles a los ciudadados sin importar la tecnología, como TV por cable, satélite o Internet). Con el riesgo de cobro a los sitios públicos, que mediante pantallas emitan esas mismas señales y el aumento de costo para el ciudadano si visualiza los canales en la TV restringida.

“Los derechos de autor y las políticas, incluyendo los términos de protección a los derechos de autor, deben respetar el equilibrio tradicional entre los intereses de los autores y el público en general. En consecuencia, se debería proteger el dominio público, no esforzarse por reducirlo” ha concluído EFF, sobre el tema de las largas extensiones del plazo de protección a los derechos de autor. Sustenta que el dominio público sirve como una fuente de la que los autores aprenden y crean.

En una carta abierta EFF, luego de que el pasado lunes se conocieran los 12 países que sellaron el acuerdo TPP (tres latinoamericanos: México, Chile y Perú) escribió:

“No tenemos razón para creer que el TPP ha mejorado mucho desde la última versión filtrada en agosto pasado (todo lo que se conoce del TPP es a través de filtraciones), y no lo sabremos hasta que el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publique el texto. Así que si todavía contiene una extensión retroactiva al término de 20 años de protección del copyright (derecho de autor); prohíbe eludir restricciones de DRM; incluye penas masivamente desproporcionales por la infracción de copyright ; y reglas que criminalizan el periodismo de investigación y a los denunciantes; tenemos que hacer todo lo posible para impedir que este acuerdo sea firmado, ratificado, y entre en vigor.

El hecho de que los derechos de libertad de expresión, privacidad, y acceso al conocimiento en línea de cerca de 800 millones de usuarios de internet dependía de disputas sobre reglas comerciales relativas a vehículos y lácteos es precisamente la razón por la cual la política digital no pertenece a los acuerdos comerciales. Hollywood, grandes editoras, e incluso gigantes empresas tecnológicas se han aprovechado de este proceso secreto y raptado por corporaciones, para salirse con las suyas promoviendo reglas que en un proceso abierto y participativo, no lo hubiesen logrado”.

¿Cuál es su opinión?

Nota: Este artículo es sólo responsabilidad de la autora.

Plataforma pirata ayuda a Netflix a tener un catálogo global

Después de considerar a Popcorn Time , como la plataforma streaming pirata más peligrosa para su negocio, Netflix estaría recibiendo ayuda de esa empresa para globalizarse. El servicio streaming más extendido en el mundo (con 62,4 millones de suscriptores), quiere que los derechos de las producciones sean globales y no regionales.

Según IBTimes Reino Unido, Popcorn Time le están dando a Netflix apalancamiento para que lo utilice contra las restricciones geográficas que imponen los creadores de contenido.

Los acuerdos de licencia geográficas con estudios de cine y empresas de televisión dificulta dejar que otros países tengan acceso a la misma cantidad de contenido que los usuarios de Estados Unidos disfrutan.

La compañía quiere acabar con la necesidad de los usuarios por utilizar VPNs y la solución es ofrecer el mismo catálogo en todo el mundo. Netflix tiene operación en varios países, pero no puede ofrecer el mismo contenido que en Estados Unidos. Para saltar la limitante, los usuarios contratan VPNs, que hacen que el servidor crea que se trata de un visitante norteamericano.

“Las VPN son un pequeño pequeño asterisco en comparación con la piratería. La piratería es realmente el problema en todo el mundo. La solución básica para Netflix es que sea global, conseguir que el contenido sea el mismo en todo el mundo, así no hay incentivo para utilizar VPN. Entonces podremos trabajar en el problema más importante que es la piratería”, ha dicho en torno al tema Reed Hastings.

Popcorn Time, conocida como el Netflix pirata, es una plataforma open source utilizada principalmente para ver series y películas de forma ilícita a través de enlaces torrent.

Hasta hace poco utilizarlo necesitaba de técnicas jailbreak (que Apple no permite alojar en su tienda y que califica de piratería informática porque supone la modificación no autorizada de iOS), pero ahora tiene app, que se incorpora mediante un instalador conocido como iOS Installer (auque esta no pasa por la App Store).

Para adicionar la aplicación, el usuario solo necesita conectar el dispositivo iOS a una PC, activar el modo avión, y seguir las instrucciones que señala iOS Installer.

Popcorn Time han anunciado que su plataforma ofrecerá un servidor VPN gratuito para todos los usuarios de manera que todo el que quiera podrá ocultar su identidad y procedencia al establecer las conexiones P2P para el streaming de los contenidos.

“La piratería sigue siendo nuestro principal competidor, y el ascenso de Popcorn Time em Holanda frente a Netflix y HBO nos ha dejado boquiabiertos” decía en enero Hastings en una carta a los accionistas.

América Latina: Crece piratería en TV paga

Según cifras de Dataxis, este año la piratería alcanzó los 7,8 mil hogares que acceden a señales no autorizadas de televisión de paga en los siete principales mercados de la región. El 59.6 por ciento de los ‘piratas’ utilizaron opciones satelitales y se espera que para el 2018 la TV satelital ilegal acumule el 80,5 por ciento del total de la piratería.

La TV paga ilegal llegará a los 8,5 millones de viviendas en ese año, mientras el mercado total de TV por suscripción logrará los 96,59 millones de hogares, un 65 por ciento sobre las viviendas con televisor.

Para Carlos Blanco, analista de Dataxis, “la carga de la informalidad es alta. Si tomamos en cuenta el volumen, la piratería sería el tercer operador virtual más grande en este mercado”. Según esa consultora, en el 2014, la piratería representó el 11 por ciento de la TV paga en la región.

México constituye cerca del 37 por ciento del fenómeno de piratería ( 2 millones 900 mil hogares con conexiones ilegales).

Senado cita a MinTIC, ANTV, CRC y SIC por el caso de Caracol y RCN

Según el diario, El Tiempo, La Comisión Sexta del Senado realizará un debate sobre el conflicto entre los canales RCN y Caracol y los operadores de televisión privada y para revisar los avances de la TV digital, TDT.

Los canales se mantienen en su posición de cobrar por el uso de las señales a la TV por suscripción y el conflicto se ha extendido a la TV comunitaria a quienes niegan el suministro de los receptores y las tarjetas de acceso, para poder retransmitir las señales, sin que la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, logre que acaten sus decisiones (como habíamos anticipado que pasaría).

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sigue sin pronunciarse frente a la resolución de la ANTV que ordenó a los canales entregar una de sus señales sin costo a los operadores y no se sabe qué pasará con las medidas cautelares emitidas por la SIC para que los operadores se abstengan de retransmitir los canales sin autorización.

Al debate en el Senado han sido citados el Ministro TIC, el director de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Superintendente de Industria y Comercio (SIC).

La Asociación Internacional de Radiodifusión y su rechazó a la decisión de la ANTV sobre Caracol y RCN

- Director OCDE México: Must Carry y Must Offer, no cuentan con un estándar internacional identificado como mejor practica, pues dependen en gran medida de las estructuras de los mercados

- No existe una salida única, en todo caso, Colombia tendrá que darle paso a la discusión seria del conflicto

La Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, una entidad que agrupa asociaciones de radio y televisión privadas de las tres Américas, se pronunció en contra de la decisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, que ordenó el lunes a Caracol y RCN permitir el acceso a la transmisión de la señal digital principal, sin cobro a los operadores de TV por suscripción y abrió la puerta al pago de las señales en formato HD.

En un comunicado indicaron que desde 1961 desde 1961, con la aprobación de la Convención de Roma en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, está reconocido que pertenece a los organismos de radiodifusión (radio y televisión) el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retrasmisión de sus señales y consecuentemente de sus contenidos.

Esta entidad ya se había pronunciado en México sobre los conconceptos de must offer y must carry, que ese país discutió partir de la reforma a las telecomunicaciones. No obstante, México, a través de la promulgación de la Ley de Telecomuniciones abrió paso a la retransmisión obligatoria de los canales en los sistemas de pago (must carry) y a que las señales radiodifundidas estuvieran disponibles (must offer).

OCDE en México, Must offer – Must Carry

Gran parte de las reformas implementadas en ese país, nacieron de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

Según relata el documento Análisis OCDE sobre el sector de las telecomunicaciones en México, elaborado por Telecom-CID, la entidad recomendó que las obligaciones de transmisión (must carry) deberían aplicar para todos los proveedores de televisión de paga, los cuales deberían de tener la obligación de transmitir todas las señales de radiodifusión terrestre.

Las obligaciones de oferta (must offer) deben aplicarse a los radiodifusores de televisión abierta y deberán ser evaluadas bajo el objetivo de mejorar la competencia, porque en la actualidad la falta de previsiones de este tipo implica que los operadores de televisión de paga deben negociar individualmente los términos del contrato con las televisoras si quieren ofrecer canales de televisión abierta. De acuerdo a la OCDE, teniendo en cuenta el poder de negociación de Televisa y TV Azteca, este mecanismo probablemente tiene un impacto negativo en la operación de los operadore de televisión paga, especialmente los más pequeños.

José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México para América Latina consultado en el Senado de la República sobre la Reforma de Telecomunicaciones dijo:

“Las obligaciones de Must Carry y Must Offer, no cuentan con un estándar internacional identificado como mejor practica, pues dependen en gran medida de las estructuras de los mercados. Sin embargo, para México era muy importante, como recomendamos en nuestro estudio, definir estas obligaciones claramente, dentro del principio general de gratuidad y atendiendo a las condiciones del mercado, como la reforma lo hace (la OCDE también recomendó a Colombia definir estos conceptos).

Además, la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta y la conclusión de la transición a la televisión digital terrestre, representan decisiones de la mayor relevancia para mejorar este sector clave para el desarrollo de México” dijo Ardavín.

Para Observatel, “la importancia de must carry y must offer radica en garantizar que las señales de TV abierta, al tratarse de concesiones públicas que se otorgan respecto de un bien de la nación (el espectro radioeléctrico), lleguen a todos los suscriptores de servicios de TV restringida, independientemente de la empresa que sea contratada ya que, de otra forma, podrían crearse ventajas para una empresa que sí cuenta con estos canales, respecto a otras a las que no se les haya otorgado la autorización para transmitirlos, en perjuicio de los usuarios de servicios de TV restringida que hayan contratado o pretendan contratar a una empresa que no cuenta con esa autorización, aún cuando estos se puedan recibir de forma gratuita sin el sistema de cable o satelital, por lo que dichos usuarios tendrían que “desconectar” o “desactivar” el servicio de TV restringida”,.

En el caso de México Must offer y must carry, la regulación es transitoria y perderá vigencia cuando exista más competencia en radiodifusión y telecomunicaciones.

En efecto, los países han resuelto de diferente manera, aunque en la mayoría no han logrado que cese el enfrentamiento.

Lo más probable, es que el concepto de la ANTV no logre la resolución del conflicto y si la posición de la SIC se mantiene, esta sólo podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, entidad que ha intervenido en situaciones anteriores.

Cada instancia ha enfocado la problemática de acuerdo a la normativa que tiene a su alcance, lo que ha llevado al choque de trenes. Al igual que la reglamentación de las empresas tecnológicas de Internet, y la discusión sobre la neutralidad en la red, las respuestas deberán llegar, teniendo como centro de todo a los usuarios, sus derechos como consumidores, la protección de sus datos personales y su acceso al contenido y la calidad.

¿Tendría ese tribunal la capacidad para actuar en un marco de convergencia (la misma que hoy le permite a los productores de contenido ingresar directamente al mercado de la TV por suscripción), de medir el impacto que puede provocar en el mercado el que a través de la ausencia de must offer puedan emerger barreras para la competencia entre operadores de TV cerrada ante la inexistencia de contenido sustituto? ¿de identificar y fallar teniendo en cuenta los mercados relevantes audiovisuales?…ah! ¿y de dirimir de una vez por todas si la misión de los canales de TV abierta es llegar o no a todos los colombianos?

Que los canales privados puedan cobrar por su contenido, no debería ser problema. Compitiendo con los sistemas por suscripción y sin reglamentación, ya lo hacen vía OTT ( por ejemplo Caracol Play), también venden sus contenidos a servicios streaming como Comcast o Netflix; están autorizados para lanzar canales de pago a través de la TDT (el Estado debería haberse ganado el ahorro de espectro por la digitalización y aprovechar para realizar un reparto más inteligente), tienen canales como Win Sports de RCN y Directv, se benefician ya de la TV por suscripción en Colombia; tienen el as bajo la manga: El acceso a contenido relevante (como derechos de transmisión de fútbol). Pueden cobrar por las señales esgrimidas por la AIR a todos los países donde llegue su señal, se estima que sólo la señal de Caracol Internacional tiene más de 8 millones de suscriptores. Caracol Televisión, en un alianza con Globosat, lanzará un canal de pago en español en Estados Unidos

El problema está en que obtuvieron concesiones para hacer TV abierta, teniendo a la publicidad como medio de subsistencia y utilizando el espectro radioeléctrico, un bien del país y para todos los colombianos, no sólo para los que no tienen TV cerrada.

No existe una salida única, en todo caso, Colombia tendrá que darle paso a la discusión seria del conflicto, tendrá que dimensionar el impacto en los usuarios y el mercado, pero además tendrá que hacerlo a la luz de la convergencia: señoras y señores, se necesita regulación convergente.


El comunicado de AIR

Comunicado AIR

Sigue la polémica por la decisión de la ANTV en torno al conflicto entre operadores

- La OCDE ha indicado que la ANTV debe desarrollar criterios claros de must-carry/ must-offer

Luego de que la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, se pronunciara ayer sobre la retransmisión de las señales en los sistemas de televisión por suscripción y cerrada, volvió a encenderse la polémica.

Asomedios, se mostró en contra de la decisión de la ANTV y en un comunicado dijo que esta es contraria al ordenamiento jurídico y que las señales de estos están protegidos por normas internacionales.

En Caracol Radio, su presidente, Tulio Ángel Arbeláez, dijo que la ANTV no ha resuelto la actuación administrativa para establecer si los operadores de televisión por suscripción cumplen o no con la obligación de garantizar a sus suscriptores, sin costo alguno para estos, la recepción de los canales de televisión abierta radiodifundida.

El comunicado señala que sin intervención de la ANTV , ya está garantizado plenamente el derecho de los colombianos a recibir de manera gratuita las señales de televisión radiodifundida de los canales de televisión abierta y que los operadores de televisión por suscripción cuentan con la previa y expresa autorización por parte de los canales nacionales de televisión privada para retransmitir sus señales de televisión analógica radiodifundida.

“La decisión de la ANTV constituye un claro incumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales a cargo del Estado colombiano, lo cual podría complicar la aspiración de Colombia a ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)”, Señala el comunicado de Asomedios.

Criticó además que es contraria al ordenamiento jurídico y desconoce decisiones judiciales, es innecesaria, pues, sin su intervención, está garantizado plenamente el derecho de los colombianos a recibir de manera gratuita las señales de televisión radiodifundida de los canales de televisión abierta y que además, hoy en día los operadores de televisión por suscripción cuentan con la previa y expresa autorización por parte de los canales nacionales de televisión privada para retransmitir sus señales de televisión analógica radiodifundida.

¿Qué dice la OCDE?

La OCDE al respecto de las señales abiertas lo que ha indicado es que la ANTV debe desarrollar criterios claros de must-carry/ must-offer, como el especificar los canales que deben ser incluidos en dicha regulación.

City TV criticó que Asomedios se hubiese pronunciado sin que hubiese consenso. En su concepto, no debió asumir que la posición de RCN y Caracol es la de todos los agremiados a esa entidad. Para Andesco, la garantica de must carry sigue siendo válida y debe prevalecer el interés general sobre el particular

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, no ha emitido ningún comunicado aún sobre la postura de la ANTV, pero continúa sin notificar a los operadores de TV la decisión que tomó en junio donde estableció, mediante medidas cautelares, que deben contar con la autorización de los canales para retransmitir las señales. Caracol y RCN no se han pronunciado sobre la última decisión de la ANTV.

ANTV: Caracol y RCN no pueden negar sus señales a TV por suscripción

- Se abre paso al cobro de las señales HD. La ANTV exhorta a la SIC a actuar en favor del interés público

Para garantizar el derecho constitucional a la información y el pluralismo informativo, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, ordenó a Caracol y RCN distribuir sus señales a los operadores de TV por suscripción y cerrada y a estos a llevar la señal de los canales de televisión abierta.

El acceso a estos canales no tendrá costo para los suscriptores (cuando garanticen al menos un formato) y serán los canales abiertos los que elijan si entregarán en forma analógica, estándar (SD) o alta definición (HD), dependiendo de la tecnología que tenga cada usuario de televisión cerrada.

Los canales no podrán negar el consentimiento previo y una vez se produzca el cese de las emisiones de televisión abierta radiodifundida terrestre analógica, esta obligación se cumplirá con la transmisión de la señal digital principal de los radiodifusores, en el formato de calidad escogido por ellos para la prestación del servicio.

La ANTV también ordenó a los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión cerrada que pongan en marcha una estrategia de comunicación para informar a sus suscriptores y usuarios sobre la manera como éstos pueden acceder gratuitamente al servicio de televisión abierta (TDT).

Esta estrategia de comunicación deberá utilizar todos los canales de comunicación con el usuario, como insertos en la factura y contenidos en los canales de sus parrillas, entre otros.

Adicionalmente, el organismo regulador dispuso una ” coordinación interinstitucional” necesaria con las entidades competentes, según lo dispuesto en la Ley 1507 de 2012, con el objeto de revisar y actualizar el Acuerdo 10 de 2006 con su anexo técnico y el Acuerdo 02 de 2012.

Para la ANTV, gana el televidente en razón a que prevalece el derecho constitucional a la información, el pluralismo informativo y el acceso a la televisión, la televisión pública (nacional y regional) porque se hace efectiva la obligación de transporte a cargo de la TV cerrada, el usuario porque tendrá la garantía de acceder a la televisión abierta a través de los sistemas de televisión por suscripción y cerrada.

Se abre paso al cobro de las señales HD

Se presume que los canales decidan entregar sus señales análogas sin costo, pero al garantizar este acceso al contenido, abre la puerta al cobro de sus señales HD (las cuales podrían llegar con costo al usuario final, debido a que éste ya tiene acceso a ellas a través de la TDT y al formato elegido por los canales en la TV cerrada).

Alexandra Falla, miembro de la Junta Directiva de la ANTV dijo a Cable Servicios que “Cuando llegue el apagón analógico, simple y sencillamente sólo podrá ser digital en el formato que hayan escogido los canales para producir su canal principal…para el usuario debe ser transparente el acuerdo al que lleguen las partes , lo que se debe garantizar es que recibe la señal.

En manos de la SIC

Falla explicó que es un concepto de obligatorio cumplimiento, sin recurso ante la ANTV, sino ante el contencioso administrativo. En cuanto a la decisición de caracter judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que priman sobre las decisiones administrativas, dijo que exhortaba a esa entidad “a que tenga en cuenta la decisión de la ANTV, en la medida en que están adelanto una actuación de carácter administrativo general que comporta el interés público y no solo el conflicto entre las dos partes”. Lo anterior traduce que si la SIC decide mantener las medidas cautelares que ordenan contar con el permiso de los canales para la retransmisión de sus señales, dejaría sin efecto la decisión de la ANTV.

En cuanto a la coordinación institucional dispuesta por la ANTV en su pronunciamiento, indicó que se refiere a la revisión de los acuerdos que tienen que ver con la actuación administrativa, para ver si es necesario hacer un ajuste en esas medidas regulatorias.

Ante la pregunta de si esa coordinación la realizará con la CRC, Falla, indicó que “tendría que hacerse necesariamente con las otras entidades porque las competencias fueron distribuidas”. Dijo que en este momento estas entidades están de acuerdo y se está “mirando quien es el competente para que, y seguramente cuando lo resolvamos, entrará a actuar al que le corresponda”.