¿Egeda pondrá en jaque a operadores de TV y a todo el comercio en Colombia?

- Según la entidad, hospitales, hoteles, bares, restaurantes y en general todo el comercio debe pagarle derechos por la emisión de contenidos a través de las pantallas de televisión de acceso al público.

- Al igual que los OTT, los canales internacionales no generan ingresos a la Nación, no pagan impuesto de renta.

- Las autoridades habrían dejado en indefensión a los concesionarios de televisión restringida frente a las negociaciones con Egeda y los canales internacionales.

- ¿Quién controla el establecimiento de tarifas por parte de Egeda, hacia dónde van estos recursos?

Jaque a la TV

A los desafíos derivados de la convergencia tecnológica y los cambios que sufre el modelo de negocio, la TV de pago tradicional en Colombia enfrentará un reto adicional de alto impacto: Se trata del cobro de derechos de autor por parte de múltiples entidades, que de forma separada reclaman el pago por la retransmisión de obras, el más reciente caso: Egeda, que en los medios advirtió sobre demandas a los principales operadores del sector ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, acciones que podría hacer extensivas a todo el mercado.

De esta manera, los operadores no solo estarán expuestos a encarecer su negocio con el pago por la retransmisión de las señales HD de Caracol y RCN (ya impactado por el costo de los canales internacionales ante la subida del dólar), sino, que en el caso de Egeda, les está siendo reclamada una licencia de retransmisión por aquellos contenidos extra que no son producidos por los canales y exige el pago de esta, de lo contrario, podrían llegar a demandar a todos.

El problema se extenderá a todo el comercio debido a que Egeda también pretende el cobro en restaurantes, bares y otros establecimientos que tengan televisores para difundir los contenidos. En junio se conoció el caso de hospitales y clínicas, a los que estaría cobrando tarifas de $ 3690 por cama y por silla, $ 1552, y de forma retroactiva, desde el año 2008, según publicó CM&.

El caso en la TV cerrada

Egeda sostiene que, cuando las señales ceden sus derechos a los operadores de cable y satélite, lo hacen sobre sus contenidos propios, pero no sobre las películas o las telenovelas que se incluyen en sus grillas, y por eso, advierte que los operadores deben pagar (es lo que está pasando en Uruguay).

Esto quiere decir que si los canales abiertos nacionales (o cualquier canal) deciden llenar su parilla de programación con contenido extranjero o que producen en asocio con otras productoras internacionales, ese contenido debe pagarse adicionalmente.

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Egeda indica que en la práctica no es posible obtener por parte del operador de cable, por ejemplo, la licencia individual del repertorio audiovisual de los titulares de las “decenas de miles de programas que se retransmiten diariamente en la parrilla”, porque debería solicitarlas con anterioridad a los productores de todas las obras y pagar a cada uno, y es por eso que la licencia con dicha entidad facilita este proceso.

Este problema se evidenció en el año 2009 , desde ese entonces Egeda, en representación de los productores internacionales como Metro Goldwyn Meyer, Universal Studios y Paramount Pictures se fue lanza en ristre contra los principales operadores del país.

¿Por qué este problema afecta más a la TV de pago tradicional?

La TV por suscripción tiene altas cargas regulatorias y según explicó UNE-EPM, bajas tarifas que junto al fraude y la informalidad impactan el negocio “En comparación con los países de Latinoamericanos, Colombia presenta el ARPU de televisión por suscripción por cable más bajo de la región frente a Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela. El ARPU en nuestro país es de US$16,6 en comparación con un ARPU promedio en los otros países de US$32,3.”, sustentó citando el documento Diagnóstico del sector de televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente de 2012.

Estos aspectos no habrían sido considerados por Egeda, entidad a la que acusan de tener “elevadas pretensiones económicas, las cuales a juicio de la Compañía no consultan la realidad de la industria y las particularidades del mercado colombiano”.

La vulnerabilidad de los sistemas tradicionales de pago también está en su incapacidad tecnológica, porque de una parte (al igual que los usuarios, los operadores han quedado amarrados a una programación recurrente no sujeta a reglamentación en cuanto a publicidad y repeticiones de programación, que los hace menos competitivos ante las ofertas emergentes, un tema que tiene que ver con los derechos del consumidor).

Netflix, por ejemplo se asocia con proveedores de contenido para obtener las licencias de derechos de transmisión de películas y series, pero sus usuarios tienen el poder para elegir lo que verdaderamente quieren ver, a la hora que lo deseen (y sin comerciales). En el caso de la programación de los canales abiertos nacionales, paga por las series y telenovelas que verdaderamente producen.

Los usuarios quieren contenidos recientes

No obstante, Netflix paga costosas licencias a los estudios de cine y televisión (que también están sujetas a incomprensibles restricciones regionales y varían de nación a nación).

Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, ha explicado que los suscriptores desean películas más recientes.

“Al igual que hemos cambiado el juego para los televidentes por la liberación de temporadas enteras de todo el mundo al mismo tiempo, hemos comenzado a hacer películas que se estrenan en Netflix a nivel mundial y, en algunos casos, de forma simultánea en los cines”.

Sarandos sabe que gracias a Internet, los usuarios quieren acceso a todos los contenidos. La piratería, ha dicho, “viene sobre todo de la frustración. Lo que la gente quiere ver no está disponible, ni siquiera por un precio”.

Netflix no está interesado en sólo ofrecer y producir contenidos de Hollywood, su catálogo ya incluye películas y series hechas en otros países que podrán ser consumidas globalmente, por ejemplo la producción colombo brasileña “Narcos” y la francesa “Marseille”. En todo este proceso es pieza clave del negocio, la posibilidad de recaudar información sobre los hábitos de consumo de los usuarios.

Los operadores tradicionales, mientras tanto, han quedado presos en las grillas de los canales con programación y producciones importadas que los usuarios muchas veces no quieren ver, en el caso de los nacionales y la repetición interminable de películas y series (fenómeno del que no escapan canales de la talla de National Geographic, Discovery Channel o canales como TNT), a lo que se suma la irrupción de publicidad en señales que siempre han sido de pago.

Claro, es cierto que algunos operadores ya pueden ofrecer a sus suscriptores canales premium mediante acuerdos ampliados para múltiples plataformas (aplicaciones go como HBO, SPACE, Fox+, TNT, CineMax o NatGeo, incluso hay acuerdos con Caracol Play), la pregunta es: ¿A qué costo para el operador y el usuario, y cuántos están en capacidad de negociar estos acuerdos?

Canales internacionales no pagan renta en el país

En la adquisición de contenido y costo, los operadores deben someterse a la imposición, por parte de los canales internacionales de comprar en paquetes sus contenidos imposibilitando la adquisición de solo aquellos canales que interesan a la audiencia.

Este es un problema regional: “ La autoridad ha dejado en indefensión a los concesionarios de televisión restringida porque nosotros no tenemos el control sobre los contenidos, pues los contratos son firmados en Estados Unidos en su mayoría”, se quejaba en El Universal, Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, ATIM.

Según ese medio, el 90% de los contenidos que compran empresas de TV por suscripción son adquiridos a programadores que se ubican, principalmente, en Estados Unidos, que cobran en dólares y no pagan impuestos.

En Colombia la entidad encargada, ANTV, persigue el subreporte y el pago a los dueños de contenido, cancela la licencia si no existen los permisos. Hasta allí todo bien, pero nadie reclama los ingresos a la Nación (DIAN), el abuso de la posición de dominio de las productoras y los derechos de los usuarios (SIC, CRC, ANTV).

La Asociación de Operadores de TI y Comunicaciones de Colombia, Asotic, explicó que actualmente hay cuatro entidades de gestión colectiva en el país que están reclamando pagos (y se esperan más), cada una representa un derecho conexo: Egeda va por los derechos de los videos; Sayco por los autores, Asinpro por los intérpretes y existe una cuarta que representa a los actores. Así las cosas los operadores tendrían que hacer cuatro pagos, según explicó Asotic.

Egeda dice que representa los derechos de un gran número de productores audiovisuales nacionales y extranjeros y que gracias a su licencia se cubre un “altísimo porcentaje del repertorio mundial”.

La entidad está cobrando mensualmente por cada abonado conectado 30 centavos de dólar “sin consideración al número o clase de canales retransmitidos”.

También van por la TV comunitaria

Para estas entidades, el organismo ha impuesto una tarifa de 15 centavos de dólar, también por mes y por cada asociado y advierte que en caso de incumplimiento la tarifa tendrá un recargo único del 50% más intereses de mora.

También expande el cobro cuando se trata de instalaciones que permitan, mediante el uso de un único descodificador, el acceso colectivo a la señal, “de modo que una pluralidad de usuarios, situados en las diferentes viviendas, apartamentos, locales o espacios diferenciados de un mismo inmueble, tenga acceso a su señal, la tarifa se multiplicará por el número de viviendas que conste el inmueble.

Pero el reglamento con las tarifas aplicables excluye del título la retransmisión por parte de los operadores en dispositivos fijos o móviles que permitan la movilidad del usuario.

Van por todo el comercio: clínicas, bares y oficinas ¿pierden los usuarios, pierde el Estado?

Pero hay más, suponiendo que Egeda consiga el pago de todos los operadores (fuentes indican que ya cuatro se vieron forzados a adquirir la licencia), luego irán por cada televisor en un espacio público, lo cual se constituiría en un recobro injustificado. En Colombia la mayoría de las señales de TV llegan a través del pago por suscripción (a diferencia de la radio a las que se accede masivamente y de manera libre). Pese a que la cobertura de la TDT está en el 70,3 %, aún no se conocen cifras de penetración en el mercado.

En abril de este año en Uruguay esta entidad comenzó a exigir el pago a restaurantes, bares y otros establecimientos que tengan televisores para difundir los contenidos (aunque claramente no se trate de retransmisión de las señales) y en España en los colegios ya no pueden proyectarse películas o material audiovisual sin pagar por alumno, porque se “vulnera la nueva Ley de Propiedad Intelectual, LPI” y entonces la “licencia educativa Egeda es la solución más completa”.

Al respecto en Colombia la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en mayo del año pasado paralizó las intenciones de los canales nacionales, RCN y Caracol que amenazaron al comercio con acciones civiles y penales por la recepción de los partidos en espacios públicos.

Los partidos de fútbol no pueden considerarse “obras” y aunque los organismos de radiodifusión tienen la potestad de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones, no están facultados para impedir que la recepción lícita de una señal sea exhibida en lugares públicos y tampoco, para realizar cobro alguno por dicha exhibición, conceptuó DNDA.

Pero al parecer Egeda encendará la polémica nuevamente en Colombia, su portal web indica que con respecto a los lugares públicos como hospitales, bares y restaurantes ” La obligación para la constitución del Mecanismo de Ventanilla Única solo aplica para Sociedades de Gestión Colectiva que gestionen derechos sobre obras y prestaciones musicales. Respecto de las demás Sociedades de Gestión Colectiva, de las otras formas asociativas y de los titulares individuales, su vinculación al mecanismo de Ventanilla Única es meramente facultativo” y que por lo tanto , Egeda Colombia, se encuentra legalmente habilitada para hacer el cobro en forma directa.

La idea es controlar a todas las empresas que utilicen pantallas al público “mercantiles o no”. En Colombia, Egeda pretende el cobro de derechos por la comunicación pública de obras audiovisuales en sitios como hoteles, clínicas, sanatorios, etc.,. (por la retransmisión).

En el resto del comercio Egeda pretende el cobro por la emisión de contenidos en todos los establecimientos abiertos al público. Indica que se requiere autorización previa del productor y que deben pagar por las obras audiovisuales “establecimientos de cualquier tipo”.

¿Por qué pasa esto?

Gran parte del sustento se ha centrado en que el autor, o en su caso sus derechohabientes, tienen derechos exclusivos para autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, cita Egeda un concepto de la DNDA (para esa dirección, si bien la recepción de señales incidentales es libre, persiste el derecho exclusivo del titular para autorizar o prohibir toda comunicación pública de la obra audiovisual radiodifundida).

Este aspecto no debería tener inconveniente si se tiene en cuenta que el propietario de los derechos cuando vende a un canal sabe a qué teleaudiencia va a llegar. Por ese concepto percibe un pago, entonces surge la pregunta: ¿tienen los conceptos fuerza de ley?

Derechos patrimoniales

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¿Quién controla las pretensiones de las entidades de gestión colectiva?

“La realidad es que las entidades de gestión, en su labor de ser representantes de los autores y gestoras de unos derechos de remuneración que están marcados por la ley de propiedad intelectual (en España), y que se aplican a determinados usos masivos de obras intelectuales, dejan mucho que desear en esa gestión colectiva. Es decir, no son transparentes en la gestión, en el sistema de recaudación y tampoco en el sistema de reparto entre los autores asociados. Esto ha generado que estas entidades amasen grandes cantidades de dinero anualmente (son entidades sin ánimo de lucro) con ingentes beneficios, a pesar de lo que gastan en medios materiales y humanos para llevar a cabo su función de gestión”, escribió Conchi Cagide Torres, Abogada especializada en propiedad intelectual.

En varios países se han presentado conflictos con Egeda, debido a presunto abuso de derecho (ver caso Hoteles Meliá). La manera en que las entidades de gestión establecen las tarifas, fue uno de los temas objeto de la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en España (a propósito esta ley acaba de ser demandada ante la Comisión Europea por varias asociaciones de internautas y la Asociación Española de Publicaciones Periódicas porque consideran que la norma “es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet. Una reforma que contraviene varias directivas y tratados europeos, que nos lleva a ser el primer país del mundo en el que el autor de un contenido no puede autorizar para su libre uso”, ha afirmado Víctor Domingo, Presidente de Internautas.

Debido a esa ley los agregadores de noticias online como Yahoo! News, Google News y Menéame, están obligados a pagar una “compensación equitativa” por el uso en sus enlaces de fragmentos, lo que llevó a Google a cerrar el servicio Google News en España).

La realidad es que en Colombia la entidad encargada de la vigilancia y el control de estas entidades es la DNDA, sus actuaciones han sido fuertemente cuestionadas en los casos de corrupción de Sayco y Acinpro .

Egeda, es una la entidad de gestión de derechos de autor presidida por Enrique Cerezo (también presidente del Atlético de Madrid). Según El Mundo , Cerezo es dueño del 77% del cine español y posee (individualmente) la mayor cantidad de derechos de películas en el planeta, ha estado envuelto en polémicos casos.

Algunas preguntas adicionales que quedan sin resolver:

En la controversia global sobre los derechos de autor, uno de los puntos más álgidos ha sido la duración de la protección de los derechos de autor, la Fundación Fronteras Electrónicas, EFF, que entre sus propósitos defiende a “los individuos y las nuevas tecnologías del efecto inhibitorio provocado por amenazas legales que considera infundadas o mal dirigida”.

“Los esfuerzos para alargar los plazos nacionales son una especie de carrera hacia el abismo, ya que al mismo tiempo en que las industrias de entretenimiento buscan expandir su capacidad de controlar los usos de las obras de su propiedad en todo el mundo, también hacen lobby en sus países de origen para uniformizar las legislaciones”.

La entidad ha advertido que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, busca extender el plazo de protección de los derechos de autor internacionalmente, más allá de lo exigido en normas como el Convenio de Berna (OMPI) y el ADPIC.

Suponiendo que el caso en cuestión, no es el tiempo de duración de los derechos ¿Cómo debe garantizarse el derecho de los usuarios para acceder a contenido que le sea relevante de variedad y calidad, cuando incluso ahora, tienen que pagar por programas de televentas y publicidad?

¿Por qué las productoras y dueñas de los derechos, que reciben el pago por acuerdos de distribución no son las encargadas de garantizar el ingreso al que tienen derecho tienen los actores y compositores?

Frente a los ingresos de una entidad como la ANTV por conceptos de concesión y compensación y la razón de ser de la TV abierta, la gran paradoja es la queja generalizada del gremio de los actores y de los usuarios por la calidad y cantidad del contenido de la producción local. Cada vez hay menos espacio para los dramatizados nacionales, lo que se traduce en menos oferta de empleo ¿Cuál es entonces la política pública de televisión para garantizar contenidos con componentes de identidad y cultura? Los actores dicen estar listos:

“Netflix es una oportunidad de trabajo (añadiría que también las plataformas tradicionales) y es un llamado para que la televisión pública tenga peso y que el Gobierno determine cuáles son los contenidos que necesita el país”, ha explicado Ernesto Benjumea, vicepresidente de la Asociación de Actores Colombianos.

Internet y las nuevas tecnologías han descorrido el velo para dejar al descubierto tanto el problema como la solución: En la regulación de los entrantes, las empresas proveedoras de contenido y los sistemas tradicionales, el eje deben ser los derechos de los usuarios.

De una parte, hay un abuso tributario en las plataformas tradicionales que los afecta en competitividad y restringe el derecho de acceso a la información (por ejemplo, vía IVA).

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Pero hoy, uno de los tres proyecto de ley en el Congreso, está planteando que incluso los entrantes, como Netflix se registren ante el Estado y que no presten sus servicios sin autorización:

“ (…) promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local“.

Lo anterior nada tiene que ver con la evasión de impuestos por parte de las multinacionales (vía impuesto de renta, por ejemplo). La OCDE ha propuesto cambios en las reglas de residencia fiscal de los gigantes tecnológicos (fenómeno que también se presenta, aunque nadie lo haya tocado, con los canales internacionales vía satélite ), entidades que generan miles de millones de dólares en ventas en muchos países donde no tienen residencia fiscal y sin informar sus ganancias.

Con respecto al tema de must carry, lo que plantea Egeda, y las decisiciones que está tomando la SIC, se estaría llevando al usuario a que sólo tenga acceso sin pago (aparente) a los canales abiertos a través de las señales radiodifundidas, omitiendo criterios de neutralidad tecnológica (señales accesibles a los ciudadados sin importar la tecnología, como TV por cable, satélite o Internet). Con el riesgo de cobro a los sitios públicos, que mediante pantallas emitan esas mismas señales y el aumento de costo para el ciudadano si visualiza los canales en la TV restringida.

“Los derechos de autor y las políticas, incluyendo los términos de protección a los derechos de autor, deben respetar el equilibrio tradicional entre los intereses de los autores y el público en general. En consecuencia, se debería proteger el dominio público, no esforzarse por reducirlo” ha concluído EFF, sobre el tema de las largas extensiones del plazo de protección a los derechos de autor. Sustenta que el dominio público sirve como una fuente de la que los autores aprenden y crean.

En una carta abierta EFF, luego de que el pasado lunes se conocieran los 12 países que sellaron el acuerdo TPP (tres latinoamericanos: México, Chile y Perú) escribió:

“No tenemos razón para creer que el TPP ha mejorado mucho desde la última versión filtrada en agosto pasado (todo lo que se conoce del TPP es a través de filtraciones), y no lo sabremos hasta que el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publique el texto. Así que si todavía contiene una extensión retroactiva al término de 20 años de protección del copyright (derecho de autor); prohíbe eludir restricciones de DRM; incluye penas masivamente desproporcionales por la infracción de copyright ; y reglas que criminalizan el periodismo de investigación y a los denunciantes; tenemos que hacer todo lo posible para impedir que este acuerdo sea firmado, ratificado, y entre en vigor.

El hecho de que los derechos de libertad de expresión, privacidad, y acceso al conocimiento en línea de cerca de 800 millones de usuarios de internet dependía de disputas sobre reglas comerciales relativas a vehículos y lácteos es precisamente la razón por la cual la política digital no pertenece a los acuerdos comerciales. Hollywood, grandes editoras, e incluso gigantes empresas tecnológicas se han aprovechado de este proceso secreto y raptado por corporaciones, para salirse con las suyas promoviendo reglas que en un proceso abierto y participativo, no lo hubiesen logrado”.

¿Cuál es su opinión?

Nota: Este artículo es sólo responsabilidad de la autora.

One comment

  1. Carlos Arenas dice:

    Me parece ridícula o incoherente la actitud de EGEDA por lo siguiente: 1. No se supone que el dueño del canal o de la señal que difunde cierto contenido, ya sea un programa de televisión, una película, un vídeo, debe pagarle al productor de dicho contenido por el derecho a transmitir o difundir ese contenido. 2. En el caso de los cableoperadores ellos le pagan al programador o proveedor internacional por los derechos o una tarifa para poder transmitir las señales de televisión a los suscriptores. 3.Los suscriptores o usuarios le pagan una tarifa al cableoperador o al operador de la plataforma para acceder legalmente a los contenidos. Si miramos toda esta cadena desde el productor de contenido hasta el suscriptor o usuario que es el consumidor o espectador final, se están pagando unos derechos y lo que pretende EGEDA es un “doble pago” como si los productores de contenidos no recibieran dinero por las múltiples ventas de sus productos.

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