La ANTV y las nuevas mesas de trabajo: Las leyes vigentes, el gran obstáculo de la TV Comunitaria

- La limitación en usuarios y acceso a contenido tienen capacidad de impacto en las economías de escala de estas empresas y en la vulneración a los derechos de sus usuarios.

La Autoridad Nacional de Televisión – ANTV-, cambió las fechas en las que llevará a cabo las mesas de trabajo con los licenciatarios del servicio de televisión comunitaria y que tienen por objeto socializar un proyecto para modificar la Resolución 433 de 2013.

Pero las modificaciones a la norma, en la forma en que el mercado y los consumidores lo requieren, no son posible debido al actual marco legal. Pese a que la ANTV, en ese entonces, durante el proceso la elaboración del proyecto regulatorio (que luego se materializó en la emisión de la resolución 433) incluyó “espacios de discusión, foros en todo el país, análisis técnicos y revisión jurídica de la normatividad, revisión económica del mercado, socialización”, omitió las observaciones de todo el sector con el argumento de que la norma expedida está “enmarcada dentro del marco regulatorio de las normas vigentes colombianas”, como dijo en una entrevista a este medio, el entonces director Ramón Angarita.

Se refería a la ley que aprobó el Tratado de Libre Comercio el Congreso de la República, “toda vez que no puede ir en contravía de una ley expedida por el Congreso”, dijo a propósito de la limitación de usuarios (6.000) que impacta su cobertura y la cantidad de señales digitales (siete), adicionadas en el TLC con Estados Unidos. En ese tiempo (junio del 2013), luego de un foro en el Capitolio Nacional convocado por el senador Édgar Espíndola, el director de la ANTV hablaba de la posibilidad de recibir las observaciones de los comunitarios a la norma y volverles a dar una respuesta.

“Vale la pena aclarar que la ANTV hizo unos foros en todo el territorio nacional donde tuvieron la oportunidad de hacer observaciones. En sí las observaciones que no se trataron, pues es donde ellos no están de acuerdo, pero finalmente, la ANTV como ente competente con la jurisdiccion que tiene por la ley 1507, expidió esta reglamentación (…), concluyó.

En una audiencia pública sobre la televisión y la radio comunitaria que tuvo lugar en noviembre de 2014 en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, tanto la viceministra de TIC’s, María Carolina Hoyos, como el entonces director de la ANTV, Ramón Angarita coincidieron con los senadores de la Comisión Sexta que la actual normatividad actúa en contra de la televisión y la radio comunitaria.

La limitación en usuarios y acceso a contenido (adicionado a la obligatoriedad de inversión en producción propia) tienen capacidad de impacto en las economías de escala de estas empresas y en la vulneración a los derechos de sus usuarios, a quienes la norma por rebote les impide acceso a contenido que pudiese ser relevante y de su interés, mientras al restarles capacidad de crecimiento afecta la inversión en infraestructura y contenido para disfrute de sus clientes.

Apartes de la carta del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, al entonces ministro de las TIC, Diego Molano, y a Ramón Guillermo Angarita, director de la Autoridad Nacional de TV, el 29 de julio de 2013:

Robledo

Luego de tres años de haber sido emitida la resolución, el impacto es indiscutible. La consultora Dataxis dio a conocer en un informe que muchos pequeños operadores locales han ido cerrando sus ofertas de TV paga o han sido adquiridos por otros operadores, lo cual está contribuyendo a la concentración en el mercado.

En noviembre del año pasado la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, anunció el trámite de cancelación de 47 licencias de televisión comunitaria, debido a que sus titulares presentaron renuncia, devolución de las mismas o manifestaron su intención de no continuar con la prestación del servicio.

La TV comunitaria es en la actualidad el sector de las comunicaciones más limitado para crecer por la regulación nacional, lo que le resta capacidad de maniobra frente a las exigencias tecnológicas y de inversión en infraestructura y contenidos que demanda el mercado.

A diciembre de 2012 la Autoridad Nacional de televisión, ANTV, revelaba la existencia de 764 empresas de TV comunitaria con asociados por el orden de los 439.122 y que estas entidades reportaban ingresos por 57.918 millones. Hoy este panorama es completamente diferente.

A finales de noviembre del año 2014, Business Bureau, entidad que publicó un informe sobre cerca de 500 empresas de TV comunitaria, consideraba que al menos 109 de estos operadores habrían cesado su actividad y que se desconoce a partir de cuando, así como las razones que habrían llevado a ese desenlace.

Ante este panorama, que se vislumbra más oscuro si bajo las condiciones actuales se empuja el sector hacia la digitalización y la eventual transición hacia unas cargas regulatorias iguales a los de la TV por suscripción (como lo está proponiendo la CRC) queda la pregunta abierta: ¿Cómo enfrentarán los reguladores y el Congreso lo firmado en el TLC con Estados Unidos? Tratado que hoy también obstaculiza el abordar con sinceridad el tema de los ingresos que deja de percibir el Estado por cuenta de las actividades sin renta en el país por servicios de publicidad, suscripción a video, música, software, etc., de los gigantes de la red a través de los servicios streaming.

Cifras proporcionadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, reveladas por El Financiero en el 2015, muestran que empresas como Facebook, Google, Twitter, Netflix (en los países que tributan) , entre otras están generando ingresos en la región por cerca de 9 mil 242 millones de dólares, con apenas una tasa de tributación de 11.78 por ciento y generando al menos 9 mil 700 puestos de trabajo.

En tanto que tecnológicas como Apple, Samsung o Nokia perciben ingresos de 16 mil 631 millones de dólares con una tasa efectiva de tributación de 15.9 por ciento y con 10 mil 836 puestos de trabajo.

El último reporte de ComScore indica que sólo el gasto en Programmatic (Programmatic advertising es el uso de software, algoritmos, que buscan la compra de espacios de publicidad online) en América Latina alcanzó $600.000 USD en el año 2014.

La TV comunitaria en tiempos de convergencia

El 2013 pasó a la historia como un año decisivo para la TV comunitaria. La resolución 0433 emitida el 15 de abril por la ANTV, significó el comienzo de una penosa lucha de los sistemas comunitarios para enfrentar una reglamentación que impuso fuertes limitaciones en usuarios, cobertura, señales codificadas, la exigencia de suscribir contratos con la TV de acceso libre y el desconocimiento de derechos adquiridos sobre la duración de los contratos, entre otros aspectos.

¿En qué estaba pensando el Estado cuando las limitó en usuarios, cobertura y colocó en desventaja a los usuarios de estas entidades al impedirles el acceso a contenido? ¿Qué tienen que ver estos aspectos con los retos que afronta la TV por suscripción y comunitaria como la piratería, el subreportaje, la competencia online, la ilegalidad o que de este sector hicieran parte entidades sin origen ni esencia comunitarios?

Hasta ahora son todos interrogantes, lo que sí parece ser es un decidido intento en atacar un modelo solidario de empresa, al que no se le reconoce la capacidad y necesidad de competir en el actual contexto, por ser sin ánimo de lucro y tener fines sociales.

¿Es sólo culpa de la ANTV, o tal vez se debe a una legislación restrictiva, limitante y obsoleta que la define en función de su cubrimiento y cuyo único objeto es la producción de contenidos propios (como la Ley 182 de 1995) ¿Por qué una comunidad organizada no tiene derecho a acceder a licencias de TV cerrada, a tener calidad y variedad de contenidos?

Si los operadores por suscripción son vulnerables a la presión de los canales internacionales (que tampoco le tributan a la nación) en la adquisición de contenido y costo; a su exceso de publicidad (incluso televentas en horarios prime) y repeticiones (afectación a los derechos de los usuarios), a las movidas de los gigantes globales que están avanzando hacia la concentración de redes y contenidos, a la amenaza al negocio que suponen las pretensiones de Egeda, y si Estado ya sabe que el negocio de TV por suscripción con toda la carga tributaria que tiene ya no es rentable (un fenómeno que podría estar influyendo en el subreporte), ¿la TV comunitaria cómo queda en todo este complejo entorno?


Las mesas de la ANTV

Los espacios de discusión ahora inician en Bogotá y se también llevarán a cabo en diferentes ciudades del país con el siguiente cronograma:

Bogotá, 31 de mayo
Bucaramanga, 8 de junio
Barranquilla, 10 de junio
Cali, 13 de junio
Medellín, 17 de junio

Con esta iniciativa, la ANTV dice que busca llegar a los 705 operadores de televisión comunitaria que actualmente tienen licencias vigentes con la entidad, así mismo, aprovechará estos espacios para socializar las medidas implementadas para el desarrollo de las acciones en contra de la piratería y el subreporte.

En próximos días, la ANTV mediante su página WEB, estará dando a conocer los horarios y lugares en donde se llevarán a cabo las siguientes jornadas de trabajo, que buscan la participación ciudadana con los operadores comunitarios.

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